El reclamo lo interpuso el 21 de marzo la Asociación de Desarrollo Integral del
Territorio Indígena de Térraba –conformada por indígenas– contra el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) por la ocupación de sus territorios para
construir ese gran proyecto de generación eléctrica, que para el 2016 aportaría
hasta 630 megavatios (MW).
También figuran como demandados el Estado y José Delfín Granados Aguero, informó
la oficina de prensa del Poder Judicial.
Granados se identificó como el supuesto dueño anterior de las tierras en
conflicto.
El caso quedó en manos de la jueza de lo contencioso administrativo, Carla
Suárez Baltodano, ante quien las partes solicitaron “trámite preferente”, que se
aplica en casos urgentes o de trascendencia para el interés público.
Geini Gutiérrez, presidenta de la Asociación Térraba, explicó ayer que llevaron
el caso ante los tribunales por la negativa del ICE de salir de sus territorios,
como se lo exigieron el 11 de febrero.
En el documento, la organización otorgó al Instituto ocho días para desalojar
las tierras “ilegítimamente” ocupadas.
Esa fue la condición previa de los indígenas para sentarse a dialogar sobre el
futuro de la planta. Según Gutiérrez, hasta ayer no tenían ninguna respuesta del
ICE.
Los aborígenes fundamentan su reclamo en la Ley Indígena de 1977, según la cual
sus territorios son “inalienables”, excepto en casos cuando haya autorizaciones
específicas.
Territorio Indígena de Térraba –conformada por indígenas– contra el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) por la ocupación de sus territorios para
construir ese gran proyecto de generación eléctrica, que para el 2016 aportaría
hasta 630 megavatios (MW).
También figuran como demandados el Estado y José Delfín Granados Aguero, informó
la oficina de prensa del Poder Judicial.
Granados se identificó como el supuesto dueño anterior de las tierras en
conflicto.
El caso quedó en manos de la jueza de lo contencioso administrativo, Carla
Suárez Baltodano, ante quien las partes solicitaron “trámite preferente”, que se
aplica en casos urgentes o de trascendencia para el interés público.
Geini Gutiérrez, presidenta de la Asociación Térraba, explicó ayer que llevaron
el caso ante los tribunales por la negativa del ICE de salir de sus territorios,
como se lo exigieron el 11 de febrero.
En el documento, la organización otorgó al Instituto ocho días para desalojar
las tierras “ilegítimamente” ocupadas.
Esa fue la condición previa de los indígenas para sentarse a dialogar sobre el
futuro de la planta. Según Gutiérrez, hasta ayer no tenían ninguna respuesta del
ICE.
Los aborígenes fundamentan su reclamo en la Ley Indígena de 1977, según la cual
sus territorios son “inalienables”, excepto en casos cuando haya autorizaciones
específicas.
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